No adoptar un sistema de prevención penal y cumplimiento normativo puede llevar a la empresa a ser responsable por los delitos e infracciones cometidas por sus socios, administradores, empleados, agentes o colaboradores en el ejercicio de su actividad por lo que su reputación empresarial sería dañada.
Puede llevar aparejado a que le imponga las siguientes penas y sanciones:
> Sanciones económicas de diferentes e importantes cuantías.
> Suspensión de la actividad o autorización.
> Cierre de centros e instalaciones.
> Inhabilitación para la obtención de subvenciones, ayudas e incentivos fiscales.
> Cierre de centros e instalaciones.
> Inhabilitación para la obtención de subvenciones, ayudas e incentivos fiscales.
> Imposibilidad de contratar con administraciones públicas y con terceros por exigencias de un contrato.
> Intervención judicial.
> Imposibilidad de ejercer actividades similares.
> Disolución y liquidación de la sociedad.
> Adopción de medidas cautelares en su fase de instrucción.
> Derivación de Responsabilidades a los Administradores de cualquier tipo y naturaleza.